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COP 16 vs. CGLU

Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga

 

Los poderes de veto frente a las acciones voluntarias, los acuerdos vinculantes frente a la transparencia y la rendición de cuentas pública y accesible para todo el mundo, 11 días de discusiones contra 3 días para llegar a acuerdos; son algunas de las principales diferencias entre la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidos y el Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales. La diferencia de fondo está en los resultados.

El viernes concluye la COP 16 en la que, más allá de los compromisos que ha firmado México como la eliminación de la venta de focos incandescentes a partir de 2014 y el acuerdo entre gobernadores de la península de Yucatán, no se han logrado, si se lograrán, convenios que trasciendan y representen soluciones profundas en materia de mitigación del cambio climático.

Las razones pueden ser discutibles: por supuesto que es más complicado negociar cuando una sola de las partes puede tirar el acuerdo con su veto; claro que las naciones poderosas ejercen su poder para no ser ellas quienes carguen con el costo de cambiar sus emisiones, y también sabemos que llegar a pactos cuyo incumplimiento tenga consecuencias será siempre más difícil que la mera declaratoria de acciones voluntarias que pueden o no cumplirse.

Sin embargo, en el fondo de las acciones voluntarias hay una exigencia y una obligación que se logra a través de la absoluta transparencia, del escrutinio público y de los mecanismos de monitoreo que se proponen en el Pacto de la Ciudad de México por parte de entes independientes, serios y autónomos. Las resistencias de los países desarrollados pueden romperse de manera gradual siempre que dentro de esos países existan ciudades que asuman los compromisos porque resulte políticamente rentable para su propia agenda. Cuando los vetos se sustituyen por solidaridad, voluntad y apertura se minimiza el riesgo trabar las negociaciones y la frustración de no alcanzar acuerdos.

Ahí están las diferencias entre una y otra cumbre. En suma, lo que vemos es que la COP 16 pretende enfrentar el principal desafío del siglo XXI con actitudes y reglas de juego pensadas y diseñadas durante y para la primera mitad del siglo XX que, como está siendo evidente, han quedado superadas y son cada vez menos eficaces para atender sus retos.

Frente a ese aparato lento y anquilosado surge el acuerdo entre ciudades, el nivel de gobierno más cercano a las necesidades de la población, el que se enfrenta a los problemas del día a día y cuya reacción se observa más ágil y efectiva. Pero además surge con actitud de nuevo siglo, con absoluta visibilidad frente a la sociedad, con claridad y transparencia en las metas, los métodos y los resultados. Métodos mucho más eficientes y acordes con la realidad que vivimos: ejecutivos, simples, puntuales.

Esto se refleja en la política doméstica, ahí están las diferencias entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Nombrado recientemente el mejor alcalde del mundo, electo por participantes de todo el mundo, bajo evaluaciones estandarizadas entre los nominados y criterios equitativos independientemente del tamaño de la ciudad; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México es un ejemplo de la actitud de la que estamos hablando.

En la Ciudad de México los acuerdos se cumplen, los errores se rectifican y las negociaciones se dan de manera transparente, de cara a la sociedad y de manera incluyente para los afectados. No se requieren “compromisos” firmados ante notario para que la ciudadanía brinde un voto de confianza. No se hizo campaña con el desempleo para gobernar con el combate al crimen.

En el México del siglo XXI no sorprenden los resultados de la evaluación reciente del Jefe de Gobierno, la aprobación de su gestión crece, pero el “estilo de gobernar” no gusta a la mitad de la población. Es esa la mitad anclada al pasado, a la vieja forma, que no ha evolucionado pero que tampoco ha tenido de otra. Ojalá que esa mitad entienda pronto que el “estilo” es para las pasarelas y que lo que el país necesita son resultados.

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Trayectoria profesional
Maximiliano Reyes Zúñiga cuenta 
con maestría en Gestión Pública
Aplicada y licenciatura en Economía
por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

Además, ha cursado los diplomados
en Finanzas Municipales, así como
en Asesoría y Orientación Educativa,
por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey;
en Estudios Electorales, por la
Universidad Autónoma Metropolitana;
en Comunicación y Oratoria por el
CISLE AC; y en Derecho Constitucional
y Parlamentario, por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario
Institucional.

En el campo docente ha sido coordinador
académico del Área de Sector Público en
la Dirección de Extensión Universitaria
y catedrático en Estructuras
Socioeconómicas de México; Economía
y Estado; Macroeconomía; y del
seminario de análisis político,
económico y social de México, en del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Santa Fe. Asimismo, ha impartido en
la Universidad Anáhuac del Norte las
cátedras de Economía Política
Internacional y Finanzas
Internacionales. En la Universidad
del Valle de México impartió la
asignatura de Economía Política.

Por otra parte, fue director de
Cooperación Internacional de la
Procuraduría General de la República
(2003-2005); asesor del delegado
fiduciario especial de Ferrocarriles
Nacionales de México en Liquidación
(2003); del Contralor Interno de
PEMEX Exploración y Producción
(2001-2002); subdirector de
Coordinación y Evaluación de la
Subsecretaría de Comunicación
Social de la Secretaría de
Gobernación (1999-2001); y
asesor del director general de
Gobierno de la Secretaría de
Gobernación (1998- 1999).

En 2006 fue candidato a jefe
delegacional en Cuajimalpa,
Distrito Federal, contienda en la
que obtuvo el primer lugar de su
partido a nivel nacional
(18% de los votos). En 2007 fungió
como representante propietario de
Nueva Alianza ante el Consejo
General del Instituto Electoral del
Distrito Federal y 2008 fue secretario
general del Comité Directivo de
Nueva Alianza en el DF.

En 2009 contendió como candidato a
diputado local en el Distrito Federal.

Actualmente es integrante de la
Asamblea Legislativa del DF, en la
que preside el Comité de Asuntos
Internacionales y es integrante de
las comisiones de Gobierno, de
Asuntos Laborales y Previsión
Social, de Desarrollo Rural,
de Normatividad Legislativa,
Estudios y Prácticas Parlamentarias,
la Especial de Límites Territoriales;
y es secretario en las de Hacienda
y de Desarrollo Metropolitano.