EL PRIFE

Desde antes de las elecciones presidenciales del 2012, el Instituto Federal Electoral (IFE) ya mostraba una actitud omisa respecto a violaciones a la ley por parte del PRI y sus aliados, al no ir al fondo en las investigaciones para imponer sanciones, incluso no las provoco ni siquiera a nivel de escarmiento a fin que el candidato priista ni ningún otro candidato incurriera en financiamiento ilegal en sus campañas.

Fue además negligente y ahora lo vuelve a ser en el proyecto de resolución de su Unidad de Fiscalización que impondrá sanciones mínimas al PRI, no obstante que en 2012 rebasó en varios millones de pesos el tope de gasto para campaña legalmente establecido.

Basta recordar que antes de la jornada electoral del 1 de julio pasado, el PRD y otros partidos demandaron “congelar” las cuentas bancarias de Grupo Financiero Monex que servían para triangular recursos a tarjetas o monederos electrónicos con los que el PRI compraba y coaccionaba el voto.

El IFE se negó a hacerlo, lo que posteriormente convalidó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello se alentó a quienes en ese momento violaban la ley a seguirlo haciendo y desde entonces se les garantizó impunidad a pesar de que ahora se comprueban sus ilícitos. No actuó en su momento a pesar de contar con todas las herramientas que la ley le daba para asumir una actitud pronta y expedita que permitiera frenar las irregularidades.

Todavía hoy tiene el margen jurídico para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a los organismos correspondientes la investigación sobre el origen de los recursos que se triangularon a través de Monex, pero se abstiene de hacerlo.

Si lo hiciera, la ciudadanía sabría si quienes ganaron la elección y gobiernan lo hacen como consecuencia de haber recibido dinero de intereses oscuros y contrarios a los de la nación, así como de aquellos valores por los que ha luchado, como justicia, honestidad y transparencia.

Lo menos que debe hacer el IFE es dar parte a las autoridades judiciales correspondientes para transparentar el origen de los recursos porque es mucho dinero como para que haya surgido por generación espontánea.

No se trata únicamente de comprobar que hubo financiamiento ilegal y de poner una multa simbólica, sino de sentar un precedente para que esto no se vuelva a repetir.

La legislación y la actuación del IFE permitieron que quien supuestamente ganó la elección tomará protesta como Presidente y ahora, meses después las investigaciones demuestran que sí hubo financiamiento ilegal pero sólo para poner una multa irrisoria. Esto no debe continuar. A menos que estemos hablando de un PRIFE.

Uffff.!

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