CRÓNICA POLÍTICA

SIN RESPUESTAS

Héctor R. Aguilar

La narración es la misma, se repite de boca en boca, aunque las voces son distintas pero todas dicen lo mismo: no hice nada.

Todas y todos los detenidos el primero de diciembre, no se ubican en el lugar ni a la hora de los hechos vandálicos en San Lázaro o en el Centro Histórico de la ciudad.

Las historias son diferentes pero el hecho es uno: son personas inocentes que pagaron una semana en la cárcel, algunos por reclamar a los ganaderos que no les pegaran a los estudiantes con la saña con la que lo hicieron; otros porque corrieron a refugiarse ante el temor latente de ser golpeados por la policía que perseguía por calles céntricas a quien se moviera, para subirlo a la patrulla, y algunos más que de manera pacífica regresaban de las manifestaciones en contra de lo que llaman la imposición de una presidencia.

La consigna policiaca era una: contener a quienes estaban en la calle manifestándose; después cambio y era detener a quien se pudiera por los destrozos ocasionados a varios bienes inmuebles de la zona.

Luego vinieron los días y las noches de angustia, de rabia, de indignación, de frió, de impotencia, de llanto, de solidaridad entre ellas y ellos hasta que de los 70 detenidos fueron liberados sólo 56; quedan pendientes los casos de 13 hombres y una mujer.

Pero no son bandoleros, los que siguen adentro, son en su mayoría personas dedicadas a estudiar o trabajar, por ejemplo el caso de Rita Emilia Nery Moctezuma, estudiante de la escuela de enfermería de la UNAM; el docente Enrique Rosales; el alumno de fotoperiodismo en el Faro de Artes y Oficios de Oriente (FARO), Sandino Jaramillo Rojas, quien grababa las detenciones arbitrarias por parte de la policía capitalina.

Carlos Miguel García que trabaja en un Centro de Salud de Neza; Cesar Llaguno bolero de oficio a las afueras del Tribunal de Justicia del DF y quien vive en situación de calle.

Las detenciones están basadas en el dicho de los policías y granaderos quienes los acusan de ser los responsables de los desmanes de ese día, pero no hay evidencia más que su dicho.

Diría el abogado Sergio Soto Nájera que los casos aun por resolverse son ejemplos de un proceso vergonzoso.

A los 70 detenidos se les acusó por el mismo delito de ataques a la paz pública en pandilla y daño en propiedad ajena, pero salieron 56, y entonces porque unos si y otros no?

Quien va a castigar a los policías y granaderos que además del abuso de autoridad falsearon su declaración para sostener a inocentes en la cárcel. Y el ministerio público por qué consigno si no encontró lo elementos suficientes para hacerlo. Son las sin respuestas.